En abril de 2021, la Comisión Europea presentó la Estrategia de la UE de Lucha contra la Trata de Seres Humanos (2021-2025), que incluía, como una de sus acciones clave, la evaluación y posible revisión de la Directiva 2011/36 contra la trata de seres humanos. Este análisis ha involucrado a diversos actores y ha consistido en entrevistas, elaboración de informes y reuniones. Tanto Proyecto Esperanza como SICAR cat hemos participado activamente en este proceso haciendo llegar nuestras aportaciones y propuestas, que hemos resumido en este comunicado:
La trata de personas con fines de explotación laboral sigue aumentando en Europa. Según los datos que recoge el informe Ready for future challenges. Reinforcing the Council of Europe, cada vez más mujeres, hombres, niñas y niños son víctimas de trata con finalidad de explotación laboral en los Estados miembros.
Por su parte, el GRETA (Grupo de expertos contra la trata del Consejo de Europa) también ha mostrado su preocupación y afirma que la trata laboral se produce en varios sectores y en la economía formal e informal. Los hombres son explotados principalmente en la agricultura, la construcción y la hostelería, así como en la industria manufacturera, la pesca y los servicios de limpieza.
En cambio, la trata de personas con fines de explotación en el trabajo doméstico y de cuidados afecta con mayor frecuencia a las mujeres y es más difícil de detectar ya que tiene lugar en hogares privados. Por último, según el grupo de expertos, muchos niños y niñas son sometidos en la Unión Europea a mendicidad forzada o a la comisión de actividades delictivas.
Es por todo ello, que el comité de Ministros, para abordar mejor la trata con fines de explotación laboral, ha instado a los 46 Estados miembros a adoptar leyes, políticas, estrategias nacionales y un enfoque victimocéntrico y basado en Derechos Humanos, con la finalidad de:
Prevenir la trata
Proteger los derechos de las víctimas y garantizar su acceso a la reparación
Promover la cooperación y coordinación internacional entre organismos
Como ha subrayado SICAR cat en varias ocasiones y, en concreto, a través del proyecto #TambienEsTrata, en España también hay finalidades del delito de trata que permanecen invisibilizadas, infradetectadas y desatendidas.
Los datos relativos a la identificación de víctimas de trata con fines de explotación como la explotación para trabajos o servicios forzados en el empleo del hogar, para criminalidad forzada, y para matrimonios forzados continúan siendo anecdóticos. Todo ello impacta de manera negativa en el acceso a derechos de las víctimas y en su recuperación integral.
La trata laboral tiene lugar a nivel transnacional como dentro del mismo Estado y se asocia a la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas personas migrantes en general pero muy especialmente aquellas en situación administrativa irregular o solicitantes de asilo
En ambos casos, se da un acceso limitado o restringido al mercado laboral formal que aumenta la posibilidad de que puedan ser víctimas de trabajo forzoso, explotación laboral severa o víctimas de trata con finalidad de trabajo o servicio forzoso
Avances
España, en los últimos años, ha dado algunos pasos para mejorar la detección, identificación y protección de víctimas de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzado.
En diciembre de 2021, aprobó el Plan de Acción Nacional contra el trabajo forzoso, que prevé la tipificación de este delito y la adopción de medidas dirigidas a conocer mejor el perfil de sus víctimas, con el fin de protegerlas y de mejorar las políticas de prevención y de detección.
Por otra parte, el pasado junio, ratificó el Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que amplía los derechos laborales de empleados y empleadas del hogar, cuya mayoría son mujeres y, muchas de ellas, de origen migrante.
Este convenio internacional es del año 2011 y ha sido una reivindicación constante y prioritaria del colectivo de trabajadoras domésticas, un grupo especialmente vulnerable a la explotación laboral, el trabajo forzado y la trata de seres humanos.
Tales avances son un logro importante que, sin duda, SICAR cat, como entidad especializada en la lucha contra la trata, celebra. Sin embargo cabe recordar que, en estos momentos de crisis económica mundial y aumento de los conflictos, tal vez, más que nunca, es necesario seguir avanzando en la efectiva protección a las víctimas de trata sin excepción.
Una delegación del Grupo de Expertas y Expertos #contralatrata del Consejo de Europa (GRETA) ha visitado España entre el 4 y el 8 de julio, en el marco de la III Ronda de Evaluación de la implementación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia) por parte de España.
La delegación, compuesta por Helga Gayer, Presidenta de GRETA, y Francesco Curcio, miembro de GRETA (ambos han sido nombrados relatores de la evaluación de España) y dos miembros del Secretariado de GRETA se ha reunido a lo largo de la semana con distintos actores clave en la lucha contra la trata, tanto de la Sociedad Civil, como de las autoridades nacionales, autonómicas y locales. Además de Madrid, la delegación visitará Catalunya y Andalucía.
La Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), integrada por 33 organizaciones de la sociedad civil, preparó y envió a GRETA en marzo un informe de análisis para contribuir a la tercera ronda de evaluación a España, en el que se exponen los puntos principales de preocupación y recomendaciones, así como un informe complementario sobre la necesidad de adoptar una Ley Integral contra la Trata de Personas para todas las finalidades de explotación.
Asimismo, la Red ha tenido un papel fundamental en la organización del primer día de la visita de GRETA en Madrid, así como en la organización de los viajes a Andalucía y Catalunya. Las entidades de la Sociedad Civil especializadas en la lucha contra la trata de personas, organizadas en el marco de la RECTP, se han reunido con la delegación de GRETA en Madrid el día 4, en Andalucía el día 7 y en Cataluña el día 8.
Representantes de Adoratrices han participado activamente en la preparación y celebración de estas reuniones y han tenido la oportunidad de exponer, junto a otras organizaciones, la perspectiva de las entidades especializadas sobre el contexto de la trata en España, así como los avances que se han producido en los últimos años, las dificultades que aún persisten y sus recomendaciones para superarlas. El foco de esta ronda de evaluación es el acceso a la justicia y los recursos efectivos para las personas que han sufrido la trata.
Desde Adoratricesreconocen los importantes avances que se han producido en este área en los últimos años; sin embargo, también entienden que, a pesar del reconocimiento formal y legal de sus derechos, las víctimas de trata de seres humanos para cualquier finalidad de explotación siguen teniendo que afrontar numerosas barreras y obstáculos en su acceso efectivo a derechos como el derecho a la información, a la identificación, a la asistencia, a la protección y a no ser castigadas por aquellos delitos que hayan podido cometer como consecuencia de la situación de trata a la que han sido sometidas, así como a la reparación integral, y a obtener una autorización de residencia y trabajo en el caso de ser víctimas extranjeras.
Además, agradecen a GRETA el espacio dado a la sociedad civil en el marco de la Red Española Contra la Trata de Personas, y estarán atentas al análisis y a las recomendaciones que resulten de esta ronda de evaluación para su adecuada implementación.
Casi seis millones de personas han huido de Ucrania desde finales de febrero, cuando se produjo la invasión del ejército ruso. Nos encontramos ante una situación de desplazamiento masivo de población, que afecta principalmente a mujeres y niños y niñas, así como personas de edad avanzada.
La inestabilidad y la agitación creadas por la guerra son terreno fértil para los tratantes que buscan explotar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas internas y refugiadas en terceros países. A este escenario se une el hecho de que, ya antes de la invasión rusa, Ucrania era un país de origen significativo para casos de trata; el conflicto actual ha exacerbado esta situación.
Aunque aún es pronto para cuantificar la magnitud real de la situación, las primeras semanas transcurridas desde el inicio de la guerra en Ucrania han mostrado posibles casos de trata de personas, y las entidades especializadas han comenzado a recibir solicitudes de apoyo a posibles víctimas de trata, tanto en países limítrofes como en otros países europeos.
El contexto es fluido y cambiante, pero en vista de que el conflicto no parece que vaya a terminar pronto, es posible prever que la situación de riesgo y vulnerabilidad se va a mantener e, igual, incrementar a lo largo de los próximos meses, a medida que las personas refugiadas se enfrenten a la necesidad de establecerse durante más tiempo en otros países europeos y comiencen a acceder al mercado laboral.
Los últimos meses han mostrado cómo el nexo entre conflictos bélicos y trata de personas se ha colocado en la agenda pública por primera vez de una manera central y clara. Tanto las autoridades regionales europeas como las autoridades nacionales y las organizaciones de la sociedad civil especializadas han sido conscientes desde el primer momento de la vulnerabilidad a la trata de las personas que huyen de Ucrania.
El 4 de marzo de 2022 se activó por primera vez la Directiva Europea de Protección Temporal, que concede protección temporal a los nacionales ucranianos y a los ciudadanos de fuera de la UE que residían permanentemente en Ucrania antes de la guerra y que huyeron del país después del 24 de febrero de 2022, y permite a los Estados Miembro ampliar esta protección a otras categorías de personas, como, de hecho, hizo el Estado Español.
Documentos sobre riesgos y vulnerabilidades
Además, en estos meses, se han ido publicando distintos documentos que tienen como objetivo facilitar la comprensión de los riesgos y vulnerabilidades de las personas que huyen del conflicto en Ucrania a la trata, así como proponer áreas de acción conjunta:
La Strada Internacional/Freedom Fund – Evaluación rápida de los riesgos y las lagunas en la respuesta a la trata de personas. Este informe, elaborado entre los meses de marzo y abril en base a entrevistas en profundidad con personas que trabajan en organizaciones especializadas sobre el terreno (incluidos voluntarios, traductores, refugiados y desplazados), una visita a Polonia, y las respuestas a un cuestionario, incluidas las de Proyecto Esperanza y SICAR cat, pretende ofrecer una evaluación rápida de los riesgos de trata y explotación creados por el conflicto en Ucrania y las lagunas de la actual respuesta a la trata, con el fin de determinar las acciones a llevar cabo para reducir y prevenir la trata antes de que sea demasiado tarde.
El informe identifica una serie de factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas a la trata, e incluye recomendaciones en torno a aquellos ámbitos prioritarios de actuación para hacer frente a los riesgos reales y potenciales de la trata y la explotación.
La Guía aborda una amplia gama de cuestiones, como el registro de personas que huyen de la guerra y el establecimiento de rutas seguras para hacerlo, la asistencia inmediata y la integración, la información y la sensibilización, la detección de posibles víctimas y de trata entre las personas refugiadas y desplazadas internas, así como la cooperación, la coordinación y la recogida de datos.
Además, la organización Stop the Traffik ha organizado una campaña en dos fases (“TRAVEL SAFE, STAY SAFE” y “TRAVEL SAFE, WORK SAFE”) que busca proporcionar información y consejos prácticos a las personas ucranianas que buscan refugio, y trabajo, de forma segura. Proyecto Esperanza y SICAR cat han apoyado esta campaña proporcionando sus detalles de contacto, incluido el teléfono 24 horas.
Las víctimas de delitos tienen reconocidos una serie de derechos comunes en toda la Unión Europea, establecidos por la Directiva 2012/29/UE, lo cual, sin duda, ha significado un importante paso adelante en materia de protección.
Hoy 22 de febrero, queremos recordar que la Directiva de 2012 considera, además, a las víctimas de trata con cualquier fin de explotación como víctimas especialmente vulnerables.
Este reconocimiento refuerza la obligación que tienen los Estados de garantizar los derechos reconocidos a las víctimas de trata, y adoptar medidas específicas de protección. Estos derechos, derivados de la Directiva 2011/36/UE y del Convenio del Consejo de Europa (Convenio de Varsovia), son claves para su recuperación y su reparación e incluyen, entre otros:
Derechos a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente de manera comprensible y adecuada a sus circunstancias.
Derecho a recibir asistencia para su restablecimiento físico psicológico y social, la cual comprenderá como mínimo asesoramiento e información, alojamiento adecuado y seguro, asistencia médica, psicológica y material, asesoramiento jurídico, oportunidades de educación y formación de acuerdo con la edad, el sexo y sus necesidades especiales, y, en particular, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los niños y niñas.
Derecho a la protección apropiada sobre la base de una evaluación individual del riesgo y de sus necesidades.
Derecho a recibir asesoramiento jurídico y a representación legal gratuita.
Derecho a no ser detenidas, acusadas o procesadas por infracciones de la legislación de extranjería, y/o por actividades ilícitas en las que se hayan visto implicadas como consecuencia directa de su condición de víctimas de trata.
Derecho a la reparación integral del daño, incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Derecho a solicitar un permiso de residencia y de trabajo en el caso de las víctimas de trata extranjeras de terceros países.
En el caso de las niñas y niños víctimas de trata, es necesario garantizar medidas específicas que primen el interés superior del menor y sus circunstancias particulares.
En España se han producido avances en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las víctimas de delitos mediante la aprobación del Estatuto de la Víctima y la reciente Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), en el caso de niños y niñas. Además, el Consejo General del Poder Judicial y el Observatori Català de Justícia en Violència Masclista, han elaborado guías específicas de actuación judicial en materia de trata de seres humanos.
Sin embargo, la realidad nos muestra cómo a pesar de este reconocimiento formal y legal, las víctimas de trata se enfrentan a numerosas barreras y obstáculos para acceder y disfrutar plenamente de estos derechos.
Acceso a la justicia
La trata de personas supone una grave violación de los derechos humanos; sus víctimas sufren una gran variedad de abusos físicos, mentales, económicos y a menudo sexuales. La explotación a la que han sido sometidas puede derivar en sufrimiento físico y problemas de salud, traumas y pérdida de su medio de vida. Por tanto, el Estado debe garantizar el máximo nivel de protección y prestaciones, así como el acceso a la justicia y reparación integral. Para ello, es fundamental:
El derecho a la reparación integral, que comprende la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Específicamente, el acceso a una indemnización y una compensación justa ayuda y puede facilitar su proceso de recuperación integral. Supone un reconocimiento de la violación de sus derechos y de los daños que han sufrido, y sirve como un instrumento de justicia restaurativa y de prevención.
El derecho de las víctimas extranjeras a obtener una autorización de residencia y de trabajo con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de la obligación de los Estados de proteger a las víctimas de la trata. El acceso al permiso de residencia y de trabajo funciona como una forma de restitución en sí misma. Un esfuerzo sistemático por la seguridad, la estabilidad y la perspectiva de futuro de las víctimas de la trata exige aplicar correctamente en la práctica la legislación y no condicionar el acceso al estatus legal a la cooperación de la víctima en la persecución del delito, sino garantizar también su acceso por vía de su situación personal, así como promover la inclusión social de las víctimas de la trata.
El derecho a la efectiva aplicación del principio de no punición, es decir, a no imponer a las víctimas sanciones o penas por infracciones o delitos que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa del delito de trata, como obligación positiva de los Estados de actuar con la debida diligencia para asistir, proteger y dotar de recursos efectivos a las víctimas. La aplicación del principio de no punición es esencial para garantizar la protección y recuperación de las víctimas de la trata. En ese sentido, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally, elaboró recientemente un informe sobre la necesidad de aplicar correctamente este principio.
En estos momentos España está siendo evaluada por el Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre Trata de Seres Humanos (GRETA) que, en esta ronda de evaluación, pone el foco en el acceso a la justicia y los recursos efectivos. Este proceso de evaluación supone una oportunidad para recoger lo que se ha hecho hasta el momento y las oportunidades de mejora que existen para garantizar el acceso a derechos y el acceso a la justicia de las víctimas de trata de seres humanos con cualquier fin de explotación en España. DesdeProyecto Esperanza y SICAR cat participaremos de forma activa en este proceso.
Ayer, 12 de enero de 2022 fue presentado oficialmente el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA)en el marco de la reunión institucional que la Relatoría Nacional mantiene con carácter bianual con la representación de todos los ministerios implicados en la lucha contra la trata de personas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía de Sala de Extranjería y Trata, el Consejo General del Poder Judicial y la Sociedad Civil representada a través de la Red Española contra el Trata Personas (RECTP).
El documento establece 5 objetivos prioritarios y 16 líneas de actuación que afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector y que tienen como objetivo permitir un abordaje multidisciplinar e integral de este fenómeno criminal grave y de enorme complejidad:
Prioridad 1: Detección y prevención de la trata de seres humanos
Prioridad 2: Identificación, derivación, protección, asistencia y recuperación de las víctimas de la trata de seres humanos
Un año más, SICAR cat hace pública la memoria anual de actividades, con los datos más destacados de 2020. En ella, se socializan los hitos principales de cada área del proyecto: Atención Integral, Relaciones Institucionales e Incidencia y Gestión económica.
En 2020, un año marcado por la pandemia, casi 200 víctimas de trata han sido atendidas en el proyecto, la mayoría de las cuales de Nigeria, Venezuela y Colombia.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra mañana 25 de noviembre, Adoratrices ha lanzado una nota de prensa, en la que reitera su compromiso, apoyo y acompañamiento integral a todas las mujeres que sufren cualquier manifestación de violencia machista.
Parte del equipo educativo de SICAR cat acompaña a las unidades familiares, aquellas familias monomarentales víctimas de trata de seres humanos. Éstas están compuestas por una mujer y sus hijos e hijas menores a cargo que se encuentran en territorio.
Estos días, han estado trabajando las emociones y la metodología emprada se ha adaptado a cada mujer. Por ejemplo, una de ellas ha usado un material más gráfico, con aquellas imágenes que para ella representan cada emoción. De esta manera, ha podido poner nombre a cómo se siente y, a la vez, este ejercicio puede ayudarla a identificar las emociones de sus propios hijos. En cambio, otra de las mamás ha trabajado con un libro que ella misma sugirió, Educar sin perder los nervios, de Tania García.
Además, todas las unidades familiares se han familiarizado con el uso del Bote de la Calma, de la metodología Montessori. Primero, el equipo educativo explicó a las madres esta herramienta que puede ayudar a calmar a sus hijos e hijas cuando se encuentren muy enfadados y también a ellas.
Con toda la información, las mamás y sus hijos e hijas hicieron en equipo su propio bote de la calma, con agua, pegamento, purpurina,.. y todos ellos disfrutaron de esta actividad en familia. Ahora, toca ponerlo en práctica con el acompañamiento del equipo educativo.
El pasado 21 de octubre de 2021, el Cuerpo Nacional de Policía desmanteló una red criminal que se dedicaba a robar a gente mayor y a otras personas vulnerables en cajeros automáticos. Varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, como el periódico The Times, se hicieron eco de este operativo policial.
Modus Operandi
La red utilizaba a menores de edad de menos de 14 años -muchos de ellos hijos de sus integrantes-, y se aprovechaba de su situación de especial vulnerabilidad y del hecho de no ser penalmente responsables de los actos ilícitos cometidos.
Además, los trasladaba a otras localidades del territorio español e, incluso, a otros países de la Unión Europea, a medida que los menores avanzaban en edad o empezaban a ser identificados por agentes policiales. De esta manera, la red podía actuar con mayor impunidad y obtener mayores beneficios.
Precisamente, el aumento de denuncias por robos y hurtos en cajeros automáticos a personas de edad avanzada en toda la Comunidad de Madrid, así como la reincidencia de algunos autores, fue lo que levantó las sospechas que dieron pie a una investigación. Ésta, finalmente, derivó, entre otros delitos asociados, en una investigación por trata de seres humanos con fines de explotación en la comisión de actividades delictivas.
En el operativo se detuvo a un total de 18 adultos y 8 menores imputables. Además, otros 37 menores sin responsabilidad penal, por no superar los 14 años, fueron derivados y acogidos por el sistema de protección de menores.
Sin duda, ha sido un trabajo bien coordinado por parte de las fuerzas policiales, que confirma la necesidad de que todas las unidades policiales estén formadas en trata de seres humanos, para poder detectar indicadores y situaciones de trata para múltiples finalidades de explotación, algunas de ellas menos conocidas.
Retos y reflexiones: Detección y protección de menores víctimas de trata
Este caso plantea algunos retos y preguntas sobre las que reflexionar. Por un lado, es fundamental que el sistema de protección a la infancia esté diseñado para hacer frente a una situación de extrema dificultad a la hora de asistir y proteger a menores de corta edad que, en algunos casos, han sufrido explotación por sus propios progenitores.
¿Contamos con herramientas específicas para intervenir en este tipo de situaciones? ¿Cómo trabajar la desvinculación del menor de sus explotadores, especialmente cuando existe un vínculo afectivo y/o familiar? ¿Tenemos un sistema preparado, formado y adaptado para asistir y proteger debidamente a menores víctimas de trata?
Por otro lado, en el marco del operativo policial, se menciona la detención de ocho personas menores de edad. Entendemos que se trata, en este caso, de menores responsables penalmente. Sin embargo, ¿se ha planteado la posibilidad de considerarlos también víctimas de trata? ¿Poseemos mecanismos y criterios suficientemente claros para aplicar correctamente el principio de no penalización ante posibles víctimas de trata de seres humanos obligadas a cometer actividades delictivas por sus tratantes?
Si bien el principio de no penalización es una cláusula aplicable en todos los casos de trata de seres humanos, es especialmente relevante en casos de trata con fines de explotación en la comisión de actividades delictivas. La finalidad del principio de no penalización consiste en asegurar que las víctimas de trata no sean castigadas por los actos ilícitos que han cometido como consecuencia de la trata, es decir, aquellos actos que han cometido de manera obligada.
En este sentido, queremos resaltar algunas novedades que se han producido en el contexto internacional en los últimos meses y que nos ayudan a clarificar la importancia de este principio:
El pasado 16 de febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó la sentencia del caso de V.C.L. y A.N. c. Reino Unido, donde se analizó por primera vez la protección de las víctimas de trata de seres humanos con fines de criminalidad forzada.
La Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally, presentó el pasado 30 de junio, el Informe sobre la aplicación del principio de no penalización a víctimas de trata de seres humanos, destacando que la aplicación del principio de no penalización es esencial para garantizar la protección y recuperación de las víctimas de la trata y que está vinculada a la obligación positiva de los Estados de actuar con la debida diligencia para asistir, proteger y dotar de recursos efectivos a las personas que han sufrido la trata.
Por último, queremos terminar esta reflexión recordando que es especialmente importante aplicar de manera correcta este principio en casos de trata con finalidad de explotación en la comisión de delitos, para evitar la revictimizacion de las víctimas de trata obligadas a cometer actos criminales por sus tratantes. Por lo tanto, un sistema de protección a la infancia centrado en derechos nos permite hacer frente a este tipo de situaciones.
#TambienEsTrata
Bajo el paraguas de #TambienEsTrata, SICAR cat y Proyecto Esperanza, a través de varias acciones, como el análisis de noticias, trabajamos conjuntamente para visibilizar aquellas formas de trata que permanecen ocultas en nuestro país: la trata con fines de explotación laboral en servicio doméstico, para la criminalidad forzada, para la mendicidad forzada y para matrimonios forzados. A pesar de que todas estas finalidades de explotación del delito están recogidas en el ordenamiento jurídico español (artículo 177 bis del Código Penal), en general, existe un gran desconocimiento por parte de actores clave y de la sociedad en general, así como falta de sensibilidad y normalización o minimización del impacto de estas finalidades en las víctimas.
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