El proyecto Assist pide facilitar el acceso a prestaciones a las víctimas de trata de seres humanos para promover su reparación
El seminario de clausura del proyecto europeo Assist, celebrado recientemente con entidades expertas y administraciones, y organizado en Cataluña por Surt y SICAR cat, con la colaboración de APIP-ACAM y la Unidad Municipal contra la Trata de Seres Humanos del Ayuntamiento de Barcelona (UTEH), planteó la necesidad de armonizar los criterios de acceso a dos subsidios básicos: el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Así se planteó para ser “más garantistas” en Cataluña y lograr que tengan mayor impacto entre las víctimas de trata de seres humanos en su proceso de recuperación. También participaron en este espacio de reflexión representantes de la Subdirección de la Lucha contra la Violencia Machista, el ICD, la DGAIA y el Comité de Acogida de Personas Refugiadas de la Generalitat de Catalunya.
Para favorecer que “las mujeres puedan salir de las situaciones de explotación”, una de las recomendaciones propuestas fue que el acceso a la RGC, como ocurre en el caso del IMV, no requiera a las personas pasar por un proceso de identificación como víctima de trata, potestad que tienen los cuerpos policiales, ni una sentencia judicial -que puede tardar años-, sino que sea suficiente con la presencia de indicios razonables de trata de seres humanos, acreditada por las entidades especializadas. Hace años que estas entidades colaboran con los cuerpos policiales en los procesos de identificación y su experiencia es clave para facilitar el acceso de las víctimas de trata a sus derechos, entre los que se encuentra el acceso a prestaciones económicas como el IMV o la RGC.
Para facilitar la estandarización de estos “indicios razonables”, las entidades participantes propusieron la utilización en la gestión de la RGC del informe social utilizado para el acceso al IMV de las víctimas de trata, juntamente con los indicadores que aplica la UTEH para acreditar la existencia de dichos indicios. La utilización de estos indicadores, pendientes de validación por parte de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Seres Humanos impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, y que fueron elaborados en un proceso participativo con distintos agentes implicados en la lucha contra la trata de personas en Barcelona, contribuiría a dotar el proceso de “coherencia, fiabilidad, rigurosidad, competencia y transparencia”.
Las entidades catalanas participantes en el seminario propusieron revisar también el criterio establecido para considerar que una entidad o servicio pueda acreditar que una persona es víctima de trata de seres humanos. Actualmente, el Ministerio de Igualdad establece que las entidades acreditadas son las que durante los últimos tres años han recibido subvenciones de la Dirección General de Violencia de Género por proyectos relacionados con la trata de personas con finalidad de explotación sexual. Un criterio que consideran “insuficiente y poco riguroso” y ante el cual las entidades proponen plantear “estándares de servicios que definan qué se entiende por una entidad o servicio especializado en trata de personas”.
Durante el seminario, se puso encima la mesa otra desigualdad entre las ayudas: mientras que el IMV solo reconoce a las mujeres víctimas de trata de seres humanos con finalidades de explotación sexual, el reglamento de la RGC posibilitaría el acceso a la prestación por parte de personas víctimas de otras formas de explotación, como hombres víctimas de este delito contra los derechos humanos y mujeres víctimas de trata con distintas finalidades de explotación, como los trabajos o servicios forzados, las prácticas análogas a la esclavitud, la mendicidad, los matrimonios forzados, la extracción de órganos o la comisión de delitos.
“Tanto en el IMV como en la RGC existen factores positivos que deberían celebrarse. Sin embargo, todavía hay que trabajar en algunos de los retos que han surgido para que todas las personas víctimas de trata puedan acceder a ellos de manera armonizada”, expresó Sira Vilardell, directora general de Surt, quien recordó que la comisión de gobierno sobre la RGC, de la cual Surt forma parte a través de ECAS, se comprometió a armonizar sus requisitos con los estatales.
“Se debe entender que la trata de seres humanos es una violación de derechos humanos y esto implica unas obligaciones y responsabilidades por parte de los estados, a través de sus administraciones públicas”, remarcó Rosa Cendón, responsable de Incidencia de SICAR cat, para quien, en la atención a personas víctimas de trata de seres humanos, es fundamental “tener presente que hace tiempo que han sido tratadas como mercancías, y devolverles la dignidad de poder decidir por ellas mismas es importante para el proceso de reparación”.