Los Derechos Humanos, nuestra reivindicación diaria desde hace años
La trata de personas, según Naciones Unidas, es una forma contemporánea de esclavitud, y también una manifestación de violencia machista, un delito y una grave violación de Derechos Humanos. Pero cuando hablamos de Derechos Humanos, ¿a qué nos referimos, concretamente?
‘Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas’
Artículo 4, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que consta de un preámbulo y de 30 artículos que expresan los derechos y las libertades de todas las personas: son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.
En concreto, el delito de trata, además del artículo 4, atenta contra más Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad; el derecho a la libertad de movimiento; y el derecho a no ser sometido a torturas y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Por lo tanto, se puede afirmar que la trata tiene un impacto global en la persona que la sufre y es necesario aportar soluciones que correspondan a esta dimensión para restituir todos aquellos derechos que han sido vulnerados.
Desde hace años, SICAR cat y Proyecto Esperanza acompañan la recuperación de las víctimas de este delito que incluye varias finalidades de explotación, algunas de ellas infradetectadas y poco visibles. Se trata de procesos largos, en los que intervienen un equipo multidisciplinar, que pone al alcance de las supervivientes varios servicios (alojamiento, retorno voluntario, salud,…).
Ambas entidades, desde sus inicios, reivindican la violación de Derechos Humanos que supone la trata de personas e insisten en visibilizarla desde esta perspectiva. Un enfoque basado en los Derechos Humanos identifica a las víctimas como titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, así como quiénes son los titulares de deberes, generalmente los Estados, que deben reparar a las víctimas.