Aquest tractat internacional pretén obtenir el compromís dels Estats per a lluitar contra el treball forçat en totes les seves formes, entre elles el tràfic d´éssers humans, una qüestió especialment rellevant tenint en compte el context de crisi actual derivat de la COVID19 i el previsible augment de la precarietat i la vulnerabilitat de gran part de la població mundial.
Espanya va ratificar el Protocol de 2014 de la OIT sobre el Treball Forçat[1] l´any 2017 comprometent-se a prendre mesures eficaces per a evitar el treball forçat i protegir a les seves víctimes, vetllant per a que puguin accedir a la justícia i a la reparació.
Si bé és cert que des de l´any 2010, el delicte de tràfic d´éssers humans està tipificat al codi penal, incloent totes les finalitats d´explotació, inclosa la de treball forçat, no contempla una definició de “treball forçat“ ni està tipificat com a delicte independent, la qual cosa contribueix a la invisibilització d´aquesta realitat, a la infradetecció de les seves víctimes i a la impunitat dels seus perpetradors.
Per aquest motiu, davant els compromisos adquirits internacionalment per l´Estat Espanyol, amb la finalitat d´assolir la fita 8.7 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, relativa a l´eradicació del treball forçat, és necessari prendre mesures eficaces i urgents com són les següents:
Apostar per una Llei Integral de Lluita contra el Tràfic d´Éssers Humans i Protecció a Víctimes per a totes les finalitats d´explotació
Tipificar en el Codi Penal el delicte de treball forçat com a delicte independent
Este tratado internacional pretende obtener el compromiso de los Estados para luchar contra el trabajo forzoso en todas sus formas, entre ellas la trata de seres humanos, lo cual es especialmente relevante ante el actual contexto de crisis derivado de la COVID19 y el previsible aumento de la precariedad y la vulnerabilidad de gran parte de la población mundial.
España ratificó el Protocolo de 2014 de la OIT sobre el Trabajo forzado[1] en el año 2017 comprometiéndose a tomar medidas eficaces para evitar el trabajo forzoso, proteger a sus víctimas y velar por que éstas tengan acceso a justícia y reparación.
Si bien es cierto que desde el año 2010, el delito de trata está tipificado en todas sus formas, incluido el trabajo forzoso, no existe en España una definición de “trabajo forzado“ ni está tipificado como tal en el código penal, lo cual contribuye a la invisibilización de esta realidad, a la infradetección de sus víctimas y a la impunidad de sus perpetradores.
Por ese motivo, ante los compromisos internacionalmente adquiridos por el Estado español, con el fin de alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, relativa a la erradicación del trabajo forzoso, es necesario tomar medidas eficaces y urgentes, tales como:
Apostar por una ley Integral de Lucha contra la Trata y Protección a víctimas para todas las finalidades de explotación
Tipificar en el código penal el delito de trabajo forzoso como delito independiente
Impulsar el Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso
#EstatusLegalTrata: Participamos en el seminario web sobre el acceso a permisos de residencia para víctimas de trata de seres humanos.
La coordinadora de incidencia y sensibilización de Proyecto Esperanza fue una de las ponentes en el seminario virtual sobre el acceso a permisos de residencia para víctimas de trata organizado por la plataforma europea de ONGs La Strada International (LSI) que tuvo lugar el pasado 12 de marzo, y en el que participaron más de 90 personas, incluyendo parlamentarios europeos, y miembros de organizaciones de la sociedad civil europeas.
Este seminario sirvió para lanzar un nuevo informe de investigación llamado“Permisos de residencia, protección internacional y víctimas de la trata de personas”que evalúa el marco legal europeo en relación con las oportunidades de residencia y protección a largo plazo (incluido dentro del sistema de asilo y refugio) disponibles para las víctimas de trata de seres humanos, y su aplicación en seis países (Austria, España, Francia, Holanda, Moldavia y Serbia) identificando buenas prácticas, lagunas y barreras para el acceso efectivo a estos derechos. Este informe ha sido elaborado en el marco del proyecto REST (REsidency STatus: Strengthening the protection of trafficked persons) en el que Proyecto Esperanza participa.
A lo largo del seminario Marta González y Liliana Sorrentino (experta europea y miembro de la dirección de LSI) presentaron las principales conclusiones del informe.
Una de las principales preocupaciones expresadas se refiere a la práctica, en algunos países europeos, de vincular el acceso a los permisos de residencia a víctimas de trata en exclusiva a su cooperación con las autoridades policiales. Esta práctica no solo está en conflicto con el enfoque basado en los derechos humanos proclamado tanto en el derecho de los tratados de la Unión Europea como en el Consejo de Europa, sino que también contradice algunas de las disposiciones más importantes para la protección de las personas objeto de trata. La aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos exige desvincular la residencia de la cooperación y obliga a los Estados no sólo a otorgar a las víctimas de la trata el derecho a permanecer en el país de destino durante los procedimientos judiciales contra sus autores, sino también después, si la seguridad de la persona así lo requiere.
En este sentido, de conformidad con el art. 14 de la Convención contra la trata de personas del Consejo de Europa, los Estados deberían garantizar, tal y como se reconoce en la legislación española, que las víctimas de la trata puedan solicitar un permiso de residencia en base a su situación personal, sin presionarlas para que cooperen en la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes, y que las solicitudes estén completamente desconectadas de las perspectivas investigación y enjuiciamiento.
Otra recomendación fundamental se refiere a la necesidad de reforzar la coherencia entre las medidas específicas de protección previstas para las víctimas de trata en el marco de la “Ley de Extranjería” y el sistema de asilo a nivel nacional. Esta falta de coherencia resulta en muchos países europeos en un número muy reducido de víctimas de trata identificadas en el proceso de asilo, y restringe el acceso a derechos por parte de las víctimas de trata. Resulta importante señalar que el procedimiento de cooperación entre las Fuerzas de Seguridad, la Oficina de Asilo y Refugio y las entidades especializadas en el aeropuerto de Madrid-Barajas fue resaltado como una buena práctica en el webminario.
Otra preocupación a la que se hizo referencia es la re-victimización que sufren las víctimas de trata en los procedimientos de retorno en el marco de Dublín III.
En el seminario también intervino la Dra. Venla Roth, Coordinadora Nacional sobre la Trata de Seres Humanos en Finlandia dentro del Ministerio de Justicia de este país. La Dra Roth se refirió a la situación en Finlandia, donde el permiso de residencia está desligado de la cooperación de las víctimas de trata con las autoridades policiales, y se refirió a la importancia del nexo entre residencia y recuperación de las víctimas de trata a largo plazo.
Recordamos que el día 22 de febrero de 2021 Proyecto Esperanza y SICAR cat, junto con otras organizaciones europeas especializadas en la atención integral a víctimas y supervivientes de trata de seres humanos integradas en la plataforma LSI dirigimos una carta a los parlamentarios europeos instándoles a que se comprometieran a implementar 10 recomendaciones para garantizar que las personas objeto de trata y de explotación puedan acceder a su derecho a un estatus legal y reciban la protección más adecuada para asegurar sus derechos y acceder a una solución duradera, ya sea otorgándoles protección internacional o residencia permanente en el país de destino, o bien asegurando su retorno voluntario y seguro si así lo desean, así como su reintegración.
#EstatusLegalTrafic: Participem en el seminari web sobre l’accés a permisos de residència per a víctimes de tràfic d’éssers humans.
La coordinadora d’Incidència i Sensibilització de Proyecto Esperanza va ser una de les ponents en el seminari virtual sobre l’accés a permisos de residència per a víctimes de tràfic, organitzat per la plataforma europea d’ONGs La Strada International (LSI), que va tenir lloc el passat 12 de març, i en què van participar més de 90 persones, entre les quals, parlamentaris europeus i membres d’organitzacions de la societat civil europees.
Aquest seminari serveix per llançar un nou informe d’investigació anomenat “Permisos de residència, protecció internacional i víctimes del tràfic de persones” que avalua el marc legal europeu en relació amb les oportunitats de residència i protecció a llarg termini (inclòs dins del sistema d’asil i refugi), disponibles per a les víctimes de tràfic d’éssers humans, i la seva aplicació en sis països (Àustria, Espanya, França, Holanda, Moldàvia i Sèrbia) identificant bones pràctiques, llacunes i barreres per a l’accés efectiu a aquests drets. Aquest informe ha estat elaborat en el marc del projecte REST (REsidency STatus: Strengthening the protection of trafficked persons) en el qual Proyecto Esperanza participa.
Al llarg del seminari, Marta González i Liliana Sorrentino (experta europea i membre de la direcció de LSI) van presentar les principals conclusions de l’informe.
Una de les principals preocupacions expressades fa referència a la pràctica, en alguns països europeus, de vincular l’accés als permisos de residència a víctimes de tràfic en exclusiva a la seva cooperació amb les autoritats policials. Aquesta pràctica no només està en conflicte amb l’enfocament basat en els drets humans proclamat tant en el dret dels tractats de la Unió Europea com en el Consell d’Europa, sinó que també contradiu algunes de les disposicions més importants per a la protecció de les persones objecte de tràfic. L’aplicació d’un enfocament basat en els drets humans exigeix desvincular la residència de la cooperació i obliga els estats no només a atorgar a les víctimes del tràfic el dret a romandre en el país de destinació durant els procediments judicials contra els seus autors, sinó també després, si la seguretat de la persona així ho requereix.
En aquest sentit, de conformitat amb l’article 14 de la Convenció del Consell d’Europa contra el Tràfic de Persones, els estats hauran de garantir, tal com es reconeix en la legislació espanyola, que les víctimes del tràfic puguin sol·licitar un permís de residència en base a la seva situació personal, sense pressionar-les perquè cooperin en la investigació i l’enjudiciament dels traficants, i que les sol·licituds estiguin completament desconnectades de les perspectives d’investigació i enjudiciament.
Una altra recomanació fonamental fa referència a la necessitat de reforçar la coherència entre les mesures específiques de protecció previstes per a les víctimes de tràfic en el marc de la llei d’estrangeria i el sistema d’asil a nivell nacional. Aquesta manca de coherència té com a resultat, en molts països europeus, un nombre molt reduït de víctimes de tràfic identificades en el procés d’asil i restringeix l’accés a drets per part de les víctimes de tràfic. És important assenyalar que el procediment de cooperació entre les forces de seguretat, l’Oficina d’Asil i Refugi i les entitats especialitzades de l’aeroport de Madrid-Barajas es va destacar com a bona pràctica en el webinari.
Una altra preocupació a què es va fer referència és la revictimització que pateixen les víctimes de tràfic en els procediments de retorn en el marc de Dublín III.
En el seminari també va intervenir la Dra. Venla Roth, coordinadora nacional sobre el Tràfic d’Éssers Humans a Finlàndia, dins del Ministeri de Justícia d‘aquest país. La doctora Roth va fer referència a la situació a Finlàndia, on el permís de residència està deslligat de la cooperació de les víctimes de tràfic amb les autoritats policials, i també a la importància del nexe entre residència i recuperació de les víctimes de tràfic a llarg termini.
Recordem que el dia 22 de febrer de 2021 Proyecto Esperanza i SICAR cat, juntament amb altres organitzacions europees especialitzades en l’atenció integral a víctimes i supervivents de tràfic d’éssers humans integrades a la plataforma LSI, vam dirigir una carta als parlamentaris europeus instant-los que es comprometessin a implementar 10 recomanacions per garantir que les persones objecte de tràfic i d’explotació puguin accedir al seu dret d’obtenir un estatus legal i rebin la protecció més adequada per assegurar els seus drets i accedir a una solució duradora, ja sigui atorgant-los protecció internacional o residència permanent en el país de destinació, o bé assegurant-ne el retorn voluntari i segur, si així ho desitgen, així com la seva reintegració.
Adoratrius aporta a la Ponència d’estudi sobre migracions del Senat la seva anàlisi i recomanacions per millorar la protecció de les víctimes de tràfic
La Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Senat ha convidat a Adoratrius a participar a la Ponència d’estudi per abordar el fenomen migratori de manera integral. Compareix en representació de l’entitat Marta González, Coordinadora de Sensibilització i Incidència de la Delegació de Madrid (Proyecto Esperanza).
L’objectiu de la intervenció al Senat és traslladar la nostra anàlisi i recomanacions en relació a la situació i l’accés a drets de les dones migrants que han patit el tràfic d’éssers humans amb qualsevol finalitat d’explotació. Per a això partim de la realitat de les dones a les qui acompanyem, que abasten una gran diversitat de perfils en relació amb la seva edat, nacionalitat, estat civil, situació administrativa, familiar, orientació sexual, identitat de gènere i nivell educatiu, entre d’altres. Algunes d’elles tenen, a més, necessitat de protecció internacional.
Un dels missatges principals que traslladarem és que, tot i que la legislació espanyola reconeix formalment un gran ventall de drets a les víctimes i supervivents del tràfic, la realitat que observem en el nostre treball diari és que hi ha nombroses barreres i obstacles que impedeixen el seu accés efectiu a aquests drets i que suposen, de fet, una fallida en el compliment de les obligacions de l’Estat.
Des Adoratrius ens centrarem, al llarg de la nostra intervenció, en compartir les principals dificultats que detectem. Hem fet arribar a la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions de l’Senat un document detallat amb l’anàlisi de les nostres preocupacions i recomanacions. Entre elles destaquem les següents:
1- Reptes i obstacles en la identificació primerenca com a víctimes de tràfic d’éssers humans.
Revisar en profunditat el procés d’identificació de víctimes de tràfic a Espanya des d’un enfocament centrat en la víctima, el seu benestar i la protecció dels seus drets.
Garantir que la identificació no es condiciona a la col·laboració de la víctima amb les autoritats policials en la investigació del delicte.
Enfortir la participació multiagencial en la identificació de víctimes del tràfic reconeixent formalment el paper de les ONGs especialitzades en la presa de decisions que condueix a la identificació.
2- Necessitat d’una resposta integral a la tracta d’éssers humans per a totes les finalitats d’explotació.
Garantir que la resposta davant el tràfic de persones és integral i que s’adreça a totes les víctimes del tràfic per a totes les finalitats d’explotació, inclosos els matrimonis forçats, la mendicitat forçada, la delinqüència forçada i l’extracció d’òrgans, tenint en compte la dimensió de gènere del tràfic i la vulnerabilitat particular dels nens i nenes, per facilitar la seva recuperació integral establint recursos adequats i suficients.
3- Importància de garantir un accés efectiu a un estatus legal per a víctimes de tràfic d’éssers humans de nacionalitat estrangera que es trobin en situació irregular a Espanya.
Garantir que les víctimes de tràfic rebin tota la informació necessària perquè puguin prendre una decisió informada, entenent els drets i les opcions que tenen al seu abast.
Complir, per part de les autoritats competents, amb l’obligació positiva d’atorgar un període de restabliment i reflexió a totes les possibles víctimes del tràfic d’éssers humans, independentment que la presumpta víctima ho sol·liciti o no.
Definir els criteris i terminis i simplificar els procediments per atorgar permisos de residència a les persones víctimes de tràfic per les dues vies que estableix l’article 59 bis 4.
Assegurar en la pràctica que l’accés al permís de residència i treball per circumstàncies excepcionals com a víctima de tràfic no es condiciona al fet que s’iniciï, o no, un procediment penal per tràfic de persones o altres delictes relacionats.
Garantir que en la pràctica es reconeix i aplica la compatibilitat dels procediments d’asil amb els regulats per la Llei d’estrangeria, en particular els relatius al tràfic d’éssers humans.
Reforçar els mecanismes de coordinació i derivació entre les autoritats que apliquen la legislació d’estrangeria i el sistema d’asil per detectar, identificar i atorgar a les víctimes de tràfic sol·licitants d’asil i refugiades accés a assistència especialitzada i a el reconeixement de l’estatut d’asil.
Assegurar que es dugui a terme una avaluació de riscos exhaustiva i una anàlisi de la vulnerabilitat de la víctima abans d’emetre una decisió de retorn, inclosa una decisió sobre una devolució en aplicació de la normativa de Dublín, per garantir el compliment de les obligacions de no devolució.
Assegurar que, davant l’existència d’indicis de tràfic, les persones migrants en situació irregular no són internades en centres de detenció d’immigrants, o altres espais de detenció.
Donar compliment de forma proactiva a la clàusula de no imposició de penes ni sancions per infraccions o delictes que s’hagin vist obligades les víctimes de tràfic a cometre durant la seva situació de submissió. Punició continguda en la legislació europea.
Permetre la reagrupació familiar preferent de familiars de les víctimes de tràfic identificades per les autoritats, que hagin optat per romandre a Espanya i se’ls hagi concedit l’autorització provisional de residència i treball per circumstàncies excepcionals.
4- Barreres a l’accés a prestacions econòmiques, en concret, l’Ingrés Mínim Vital.
Reconèixer el dret a l’Ingrés Mínim Vital a totes les persones víctimes de tràfic, independentment del seu sexe, gènere, i/o identitat sexual o de gènere, així com del tipus d’explotació que hagin patit, permetent a les entitats especialitzades reconegudes per les diferents Administracions acreditar aquestes situacions.
Incorporar en el futur reglament de desenvolupament les mesures i excepcions necessàries per garantir que l’accés a l’Ingrés Mínim Vital per part d’aquestes persones sigui real i efectiu en la pràctica.
Com conclusions i recomanacions finals, des de l’Entitat de Adoratrius incidim en la necessitat de:
Reformar el Codi Penal tipifica expressament els delictes de treballs o serveis forçats, esclavitud o pràctiques anàlogues a l’esclavitud o la servitud en el nostre codi penal per millorar la persecució efectiva d’aquestes finalitats de tràfic.
Promulgar una Llei Integral contra el Tràfic d’Éssers Humans amb la finalitat de consolidar un enfocament de drets humans i d’atenció i protecció integral que col·loqui a les víctimes i supervivents com a titulars de drets en el centre de les polítiques públiques, i a l’administració com titulars d’obligacions. La llei s’ha d’aplicar a totes les finalitats del tràfic, estigui o no relacionada amb la delinqüència organitzada, tenint en compte que Espanya pot ser país d’origen, trànsit o destinació i que el tràfic pot ser intern o transnacional. Aquesta Llei establiria les bases per a una correcta i efectiva coordinació entre tots els organismes involucrats a nivell nacional i autonòmic, unificant i dotant de coherència global als diferents instruments existents per garantir que totes les víctimes de tràfic accedeixen a protecció i assistència amb uns estàndards comuns.
Des Adoratrius volem agrair que en el marc de la feina tan ampli que s’està desenvolupant en aquesta Ponència d’estudi dels membres de la Comissió hagin volgut dedicar un espai específic a la realitat del tràfic d’éssers humans a Espanya, i s’hagi donat l’oportunitat d’escoltar les veus de les víctimes i supervivents.
Confiem que el resultat de la Ponència contribueixi a que les víctimes i supervivents del tràfic d’éssers humans puguin accedir de manera efectiva als seus drets.
Adoratrices aporta en la Ponencia de estudio sobre migraciones del Senado su análisis y recomendaciones para mejorar la protección de las víctimas de trata
La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha invitado a Adoratrices a participar en la Ponencia de estudio para abordar el fenómeno migratorio de manera integral. Comparece en representación de la entidad Marta González, Coordinadora de Sensibilización e Incidencia de la Delegación de Madrid (Proyecto Esperanza).
El objetivo de la intervención en el Senado es trasladar nuestro análisis y recomendaciones en relación a la situación y el acceso a derechos de las mujeres migrantes que han sufrido la trata de seres humanos con cualquier finalidad de explotación. Para ello partimos de la realidad de las mujeres a las que acompañamos, que abarcan una gran diversidad de perfiles en relación con su edad, nacionalidad, estado civil, situación administrativa, familiar, orientación sexual, identidad de género y nivel educativo, entre otros. Algunas de ellas tienen, además, necesidad de protección internacional.
Uno de los mensajes principales que trasladaremos es que, a pesar de que la legislación española reconoce formalmente un gran abanico de derechos a las víctimas y supervivientes de la trata, la realidad que observamos en nuestro trabajo diario es que existen numerosas barreras y obstáculos que impiden su acceso efectivo a estos derechos y que suponen, de hecho, una quiebra en el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Desde Adoratrices nos centraremos, a lo largo de nuestra intervención, en compartir las principales dificultades que detectamos. Hemos hecho llegar a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado un documento detallado con el análisis de nuestras preocupaciones y recomendaciones. Entre ellas destacamos las siguientes:
1- Retos y obstáculos en la Identificación temprana como víctimas de trata de seres humanos.
Revisar en profundidad el proceso de identificación de víctimas de TSH en España desde un enfoque centrado en la víctima, su bienestar y la protección de sus derechos.
Garantizar que la identificación no se condiciona a la colaboración de la víctima con las autoridades policiales en la investigación del delito.
Fortalecer la participación multiagencial en la identificación de víctimas de la trata reconociendo formalmente el papel de las ONGs especializadas en la toma de decisiones que conduce a la identificación.
2- Necesidad de una respuesta integral a la trata de seres humanos para todas las finalidades de explotación.
Garantizar que la respuesta ante la trata de personas es integral y que se dirige a todas las víctimas de la trata para todas las finalidades de explotación, incluidos los matrimonios forzados, la mendicidad forzada, la delincuencia forzada y la extracción de órganos, teniendo en cuenta la dimensión de género de la trata y la vulnerabilidad particular de los niños y niñas, para facilitar su recuperación integral estableciendo recursos adecuados y suficientes.
3- Importancia de garantizar un acceso efectivo a un estatus legal para víctimas de trata de seres humanos de nacionalidad extranjera que se encuentren en situación irregular en España.
Garantizar que las víctimas de trata reciban toda la información necesaria para que puedan tomar una decisión informada, entendiendo los derechos y las opciones que tienen a su alcance.
Cumplir, por parte de las autoridades competentes, con la obligación positiva de otorgar un período de restablecimiento y reflexión a todas las posibles víctimas de la trata de seres humanos, independientemente de que la presunta víctima lo solicite o no.
Definir los criterios y plazos y simplificar los procedimientos para otorgar permisos de residencia a las personas víctimas de trata por las dos vías establecidas en el artículo 59 bis 4.
Asegurar en la práctica que el acceso al permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales como víctima de trata no se condiciona al hecho de que se inicie, o no, un procedimiento penal por trata de personas u otros delitos relacionados.
Garantizar que en la práctica se reconoce y aplica la compatibilidad de los procedimientos de asilo con los regulados por la Ley de extranjería, en particular los relativos a la trata de seres humanos.
Reforzar los mecanismos de coordinación y derivación entre las autoridades que aplican la legislación de extranjería y el sistema de asilo para detectar, identificar y otorgar a las víctimas de trata solicitantes de asilo y refugiadas acceso a asistencia especializada y al reconocimiento del estatuto de asilo.
Asegurar que se lleve a cabo una evaluación de riesgos exhaustiva y un análisis de la vulnerabilidad de la víctima antes de emitir una decisión de retorno, incluida una decisión sobre una devolución en aplicación de la normativa de Dublín, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de no devolución.
Asegurar que, ante la existencia de indicios de trata, las personas migrantes en situación irregular no son internadas en centros de detención de inmigrantes, u otros espacios de detención.
Dar cumplimiento de forma proactiva a la cláusula de no imposición de penas ni sanciones por infracciones o delitos que se hayan visto obligadas las víctimas de trata a cometer durante su situación de sometimiento. Punición contenida en la legislación europea.
Permitir la reagrupación familiar preferente de familiares de las víctimas de trata identificadas por las autoridades, que hayan optado por permanecer en España y se les haya concedido la autorización provisional de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
4- Barreras al acceso a prestaciones económicas, en concreto, el Ingreso Mínimo Vital.
Reconocer el derecho al Ingreso Mínimo Vital a todas las personas víctimas de trata, independientemente de su sexo, género, y/o identidad sexual o de género, así como del tipo de explotación que hayan sufrido, permitiendo a las entidades especializadas reconocidas por las diferentes Administraciones acreditar dichas situaciones.
Incorporar en el futuro reglamento de desarrollo las medidas y excepciones necesarias para garantizar que el acceso al Ingreso Mínimo Vital por parte de estas personas sea real y efectivo en la práctica.
Como conclusiones y recomendaciones finales, desde la Entidad de Adoratrices incidimos en la necesidad de:
Reformar el Código Penal tipificando expresamente los delitos de trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud o la servidumbre en nuestro código penal para mejorar la persecución efectiva de estas finalidades de trata.
Promulgar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con la finalidad de consolidar un enfoque de derechos humanos y de atención y protección integral que coloque a las víctimas y supervivientes como titulares de derechos en el centro de las políticas públicas , y a la administración como titulares de obligaciones. La ley se debe aplicar a todas las finalidades de la trata, esté o no relacionada con la delincuencia organizada, teniendo en cuenta que España puede ser país de origen, tránsito o destino y que la trata puede ser interna o transnacional. Dicha Ley sentaría las bases para una correcta y efectiva coordinación entre todos los organismos involucrados a nivel nacional y autonómico, unificando y dotando de coherencia global a los distintos instrumentos existentes para garantizar que todas las víctimas de trata acceden a protección y asistencia con unos estándares comunes.
Desde Adoratrices queremos agradecer que en el marco del trabajo tan amplio que se está desarrollando en esta Ponencia de estudio los miembros de la Comisión hayan querido dedicar un espacio específico a la realidad de la trata de seres humanos en España, y se hayan dado la oportunidad de escuchar las voces de las víctimas y supervivientes.
Confiamos en que el resultado de la Ponencia contribuya a que las víctimas y supervivientes de la trata de seres humanos puedan acceder de forma efectiva a sus derechos.
En el 8 de març de 2021, Dia internacional de la Dona, l’Obra Social de Adoratrius a Europa-Àfrica, volem seguir compromeses en aconseguir la millora de les condicions de vida de les dones en situació de vulnerabilitat.
En aquest any, l’ONU vol reconèixer el treball en primera línia de les dones en la lluita contra la pandèmia com a treballadores de la salut, de les cures, innovadores i organitzadores comunitàries.
Des d’Adoratrius, a través d’una nota de premsa, volem visibilitzar i incidir en la importància d’entendre les realitats que les dones poden ser «Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la COVID-19″ com ens recorda l’ONU el lema d’enguany.
En el 8 de marzo de 2021, Día internacional de la Mujer, la Obra Social de Adoratrices en Europa-África, queremos seguir comprometidas en lograr la mejora de las condiciones de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
En este año, la ONU quiere reconocer el trabajo en primera línea de las mujeres en la lucha contra la pandemia como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias.
Desde Adoratrices, a traves de una nota de prensa, queremos visibilizar e invidir en la importancia de entender las realidades de que las mujeres pueden ser «Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19″ como nos recuerda la ONU el lema de este año 2021.
Primera sentència del TEDH sobre víctimes de tràfic per a la criminalitat forçada
El passat 16 de febrer, el Tribunal Europeu de Drets Humans va dictar la sentència del cas de V.C.L. y A.N. c. Regne Unit on, per primer cop, s´analitza la protecció de les víctimes de tràfic d´éssers humans per a la criminalitat forçada.
El cas es refereix a dos menors d´edat de nacionalitat vietnamita traficats des del seu país amb la finalitat d´explotar-los per a la producció de cànnabis al Regne Unit. Ambdós van ser detinguts i acusats de delictes contra la salut pública, en declarar-se culpables per consell de la seva representació lletrada designada d´ofici.
Arran de la sentència condemnatòria, els dos menors van ingressar en centres de justícia juvenil. Posteriorment, una autoritat competent els va reconèixer com a víctimes de tràfic d´éssers humans. Malgrat això, la Fiscalia, després de revisar el cas, va considerar que no existia tal condició de víctima i va decidir mantenir la condemna. Després de recórrer la decisió, el Tribunal Superior va considerar justificada la decisió de la Fiscalia.
En la seva sentència, el Tribunal Europeu de Drets Humans insisteix en l´obligació dels Estats d´establir mesures eficaces per a protegir a les víctimes (Art. 4 del Conveni Europeu de Drets Humans) té un doble objectiu: evitar danys majors i facilitar la seva recuperació. En tal cas, iniciar un procés penal en contra i condemnar-los per delictes que es van veure obligats a cometre com a conseqüència de la situació de tràfic d’éssers humans, obstaculitza profundament la consecució dels esmentats objectius i contradiu el principi de no imposició de penes a víctimes de tràfic d´éssers humans establert a l´Article 26 del Conveni de Varsòvia.
Per això, el Tribunal destaca la importància de la identificació primerenca d´aquests tipus de casos i la necessitat de la seva avaluació per persones capacitades i qualificades per atendre a les víctimes, especialment quan es tracta de menors d´edat.
A més, considera que l´Estat segueix essent responsable de la identificació de les víctimes i que, independentment de que els seus advocats d´ofici recomanessin als menors declarar-se “culpables”, tal declaració hauria d´haver-se declarat nul.la.
En el cas jutjat, l´avaluació d´indicis va ser realitzada posteriorment per una treballadora social d´una ONG especialitzada en infància. Aquesta valoració d´indicis va ser descartada per la Fiscalia, que va considerar que no existien indicis suficients. En aquest sentit, el Tribunal va argumentar que l´avaluació dels indicis de tràfic d´éssers humans feta per la Fiscalia no va aportar raons clares i consistents, com tampoc ho va fer la Cort d’Apel·lacions posteriorment, la qual es va limitar a aspectes formals i no va entrar a valorar tals indicis.
Por això, el Tribunal ha deixat constància de que un cop l´avaluació d´indicis ha estat realitzada per una persona qualificada, qualsevol decisió judicial posterior l´haurà de tenir en consideració.
A això, la sentència afegeix que els nens/es víctimes de tràfic són un grup particularment vulnerable que o bé poden no ser conscients de la seva condició de víctimes del delicte o bé poden tenir una por insuperable a desvetllar aquesta informació a les autoritats. En conseqüència, no se´ls pot exigir que s´autoidentifiquin ni sancionar-los per no fer-ho.
En conclusió, el Tribunal Europeu resol que el fet de que les autoritats (Cossos Policials, Fiscalies, Tribunals d’Apel·lació, etc.) no duguessin a terme una valoració adequada de detecció d´indicis de tràfic d´éssers humans equival a un incompliment del Conveni Europeu de Drets Humans. Por aquest motiu, condemna al Regne Unit i resol concedir a cada demandant 25.000 euros de compensació per danys immaterials i imposa al país anglosaxó el pagament de 20.000 euros en concepte de costes processals.
Des de Proyecto ESPERANZA i SICAR cat celebren aquesta sentència pionera que permet avançar en el reconeixement del dret de les víctimes de tràfic amb finalitats d´explotació per a realitzar activitats delictives. Tal i com apuntem en el projecte#TambeEsTrafic el desconeixement i la manca de comprensió de les diferents finalitats d´explotació del tràfic suposa la invisibilització de les víctimes i obstaculitza, de fet, el seu accés a drets que tenen reconeguts en instruments internacionals i que són claus per a la seva recuperació integral.
Igualment, volem realitzar les següents recomanacions a les institucions públiques que treballen especialment en l´àmbit de la Justícia Juvenil, així com a la resta d´actors clau que treballen en la lluita contra el tràfic:
L´interès superior del menor ha de primar sobre qualsevol procés i en qualsevol moment davant la més mínima sospita de minoria d´edat. En casos de menors víctimes de tràfic, és imprescindibles comptar amb mesures especials de protecció i la seva identificació primerenca és cabdal. Per això, és determinant tenir en compte que, en aquests casos, no és necessària la utilització de cap dels mitjans il·lícits reconeguts en la definició de tràfic d´éssers humans per a cometre el delicte.
El tràfic d´éssers humans amb finalitat de criminalitat forçada pot comportar situacions de revictimització especialment greus i estigmatitzants per a les víctimes en cas de no ser identificades degudament, d’acord al que hem observat en el marc del projecte #TambeEsTrafic
En virtut de l´art. 26 del Conveni de Varsòvia (principi de no punició) les víctimes seran eximides de responsabilitat per la seva participació en activitats il·lícites que hagin estat obligades a cometre en el marc de la seva situació d´explotació.
Primera sentencia del TEDH sobre víctimas de trata para criminalidad forzada
El pasado 16 de febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó la sentencia del caso de V.C.L. y A.N. c. Reino Unido donde se analiza por primera vez la protección de las víctimas de trata de seres humanos con fines de criminalidad forzada.
El caso se refiere a dos menores de edad de nacionalidad vietnamita tratados desde su país con la finalidad de explotarlos para la producción de cannabis. Ambos fueron arrestados y acusados de delitos contra la salud pública, de los que se declararon culpables por consejo de sus abogados designados de oficio.
A raíz de la sentencia condenatoria, ingresaron en centros de justicia juvenil. Posteriormente, una autoridad competente les reconoció como víctimas de trata. A pesar de ello la Fiscalía, tras revisar el caso, consideró que no existía tal condición de víctima y decidió mantener la condena. Tras apelar de nuevo, el Tribunal Superior consideró justificada la decisión de la Fiscalía.
En su sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste en que la obligación de los Estados de establecer medidas eficaces para proteger a las víctimas de trata (Art. 4 del Convenio Europeo) tiene un doble objetivo: evitar daños mayores y facilitar su recuperación. En tal caso, enjuiciarles y condenarles por delitos que se vieron obligados a cometer como consecuencia de la situación de trata obstaculiza profundamente la consecución de dichos objetivos, y contraviene el principio de no imposición de penas a víctimas de trata establecido en el Artículo 26 del Convenio de Varsovia.
Para ello, el Tribunal resalta la importancia de la identificación temprana de este tipo de casos y la necesidad de su evaluación por personas capacitadas y calificadas para atender a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Además, considera que el Estado sigue siendo responsable de la identificación de víctimas y que, independientemente de que los abogados de oficio recomendaran a estos menores declararse “culpables”, tal declaración debería haberse considerado nula.
En el caso juzgado, la evaluación de indicios fue realizada posteriormente por una trabajadora social de una ONG especializada en infancia. Dicha valoración de indicios fue descartada por la Fiscalía, que consideró que no existían indicios suficientes. A este respecto, el Tribunal argumentó que la evaluación de los indicios de trata de seres humanos hecha por la Fiscalía no aportó razones claras y consistentes, como tampoco lo hizo la Corte de Apelaciones posteriormente, la cual se limitó a aspectos formales y no entró a valorar tales indicios.
Por ello, el Tribunal ha dejado constancia de que una vez la evaluación de indicios ha sido realizada por una persona cualificada, cualquier decisión judicial posterior deberá tener en cuenta dicha evaluación.
A ello, la sentencia añade que los/as niños/as víctimas de trata son un grupo particularmente vulnerable que puede no ser consciente de que han sido víctimas del delito, o que pueden tener un miedo insuperable a revelar esta información a las autoridades. En consecuencia, no se les puede exigir que se auto- identifiquen, ni sancionarlos por no hacerlo.
En conclusión, en su sentencia el Tribunal resuelve que el hecho de que las autoridades (Cuerpos Policiales, Fiscalías, Tribunales de Apelación, etc.) no llevaran a cabo una valoración adecuada de indicios de trata de seres humanos equivale a un incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por ello, condena a Gran Bretaña y resuelve conceder a cada demandante 25.000 euros de compensación por daños inmateriales e impone el pago de 20.000 euros en concepto de costas a Gran Bretaña.
Desde Proyecto ESPERANZA y SICAR cat celebramos esta sentencia pionera que permite avanzar en el reconocimiento de derechos de las víctimas de trata con fines de explotación para realizar actividades delictivas. Tal y como apuntamos en el proyecto #TambienEsTrata el desconocimiento y la falta de comprensión de las distintas finalidades de explotación de la trata supone la invisibilización de las víctimas, y obstaculiza, de hecho, su acceso a los derechos que tienen reconocidos en los instrumentos internacionales y que son claves para su recuperación integral.
Igualmente, queremos realizar las siguientes recomendaciones a las instituciones públicas que trabajan especialmente en el ámbito de la Justicia Juvenil, así como el resto de actores clave que trabajan en la lucha contra la trata:
El interés superior del menor debe primar en cualquier proceso y en cualquier momento ante la posibilidad de que la persona pueda ser menor de edad. En casos de menores víctimas de trata, es imprescindible contar con medidas especiales de protección y su identificación temprana es crucial. Para ello, es determinante tener en cuenta que, en estos casos, no es necesaria la utilización de ninguno de los medios ilícitos recogidos en la definición de trata para que se cometa el delito.
La trata de seres humanos con finalidad de criminalidad forzada puede conllevar situaciones de revictimización especialmente graves y estigmatizantes para las víctimas en caso de no ser identificadas debidamente, tal y como hemos venido observando en el marco del proyecto #TambienEsTrata
En virtud del art. 26 del Convenio de Varsovia (principio de no punición) las víctimas serán eximidas de responsabilidad por su participación en actividades ilícitas que hayan sido obligadas a cometer en el marco de la trata.
