III informe de evaluación GRETA sobre España
El GRETA, el grupo de expertos de acción contra la trata del Consejo de Europa, publicó el pasado 12 de junio el tercer informe de evaluación, que ha hecho a España en materia de trata de seres humanos.
Según el documento, España sigue siendo, principalmente, país de destino y tránsito para las víctimas de trata. En 2017-2022, se identificaron un total de 1.687 víctimas, según datos del Ministerio de Interior, la mayoría de ellas mujeres explotadas sexualmente. Sin embargo, han aumentado las identificaciones de víctimas de trata con fines de explotación laboral, la mayoría hombres, aunque el número de víctimas infantiles identificadas sigue siendo bajo (79 en 2017-2022).
Por otra parte, el GRETA reconoce los avances realizados a lo largo de los últimos años y destaca algunas novedades legislativas recientes, como la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, el Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos y el Plan Nacional de Acción sobre el Trabajo Forzoso, ambos para el periodo 2021-2023.
Sim embargo, siguen existiendo deficiencias que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de trata, especialmente en lo que se refiere al derecho a la reparación y, concretamente, a la indemnización.
El GRETA destaca el bajo número de víctimas que ha recibido una indemnización en el marco de un procedimiento judicial y las dificultades de acceso a ayudas públicas como víctimas de delitos violentos, en consonancia con los resultados y conclusiones el Proyecto JusticeatLast.
Es por este motivo que insta a las autoridades españolas a realizar esfuerzos adicionales que garanticen el acceso efectivo a la indemnización a las víctimas a través del decomiso de bienes y la cooperación internacional, así como la revisión de los criterios de elegibilidad para acceder a las «ayudas públicas».
Por otro lado, el GRETA advierte que el número de investigaciones sobre trata con finalidad de explotación laboral es muy bajo y recomienda invertir en formación a profesionales y mayor dotación de recursos para aumentar las investigaciones proactivas. En especial, pone especial énfasis en la necesidad de que los inspectores de trabajo dispongan de recursos suficientes para llevar a cabo inspecciones, abordar riesgos de la trata de seres humanos en el sector agrícola y mejorar la detección de posibles víctimas en este sector.
Otras demandas y recomendaciones del GRETA son:
- Reforzar la detección proactiva de víctimas de trata especialmente entre solicitantes de asilo y migrantes que llegan a Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.
- Redoblar esfuerzos para identificar de forma proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación en todas sus formas, incluidas las víctimas de nacionalidad española, y reforzar la coordinación interinstitucional en la identificación de las víctimas con la participación de ONG especializadas.
- Reforzar la provisión de información a las presuntas víctimas de trata sobre sus derechos, en un idioma que entiendan.
- Aumentar el número de plazas en alojamientos especializados para víctimas masculinas y víctimas de otras formas de explotación distintas a la explotación sexual.
- Adoptar nuevas medidas para garantizar que a todas las presuntas víctimas extranjeras de trata, incluidos los nacionales de la UE/EEE, se les ofrezca un período de recuperación y reflexión y se les proporcionen todas las medidas de protección y asistencia durante este período
- Garantizar la aplicación plena y efectiva de las provisiones legales que prevén el acceso a la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de trata y la disponibilidad de abogados especializados, en su caso.
- Tomar medidas adicionales para garantizar la aplicación efectiva de la cláusula de no punición prevista en el art. 177 bis del código penal apartado 11, prestando especial atención a aquellas víctimas que son inmigrantes indocumentadas.
- Mejorar los procedimientos de identificación para víctimas infantiles que primen el interés superior del menor y augmentar el número de plazas disponibles recursos seguros y especializados, con profesionales adecuadamente formados
Además, el GRETA destaca la necesidad poner en marcha y hacer operativo un Mecanismo de Derivación Nacional para garantizar que, en la práctica, la identificación formal no dependa de la presencia de pruebas suficientes para el inicio de un procedimiento penal.
